Parece que dentro del Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), se cometieron algunos errores y precisamente ayer se trataron de enmendar, introduciendo algunos cambios que beneficien a quienes hoy tienen empleo en sanidad como funcionarios.
El compromiso asumido por Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, fue el de garantizar los derechos obtenidos por los profesionales sanitarios funcionarios a lo largo de mucho tiempo, por tal motivo, se introdujeron correcciones en el Real Decreto, sobre puntos que ponían en peligro esos derechos.
Antes de la modificación en el decreto, la medida afectaba a médicos y enfermeros que son titulares de los servicios locales y desempeñan su actividad profesional en los servicios de salud, esto sumado al personal funcionario que se encarga de desempeñarse en instituciones sanitarias públicas.
Básicamente, la complicación que tenía la medida de pasar a quienes tienen empleo en la sanidad pública al rol de estatutarios, era que se los obligaba a integrarse a los servicios de salud en calidad de personal estatutario fijo o se los colocaba en órganos administrativos que no pertenecían a instituciones sanitarias públicas.
Por tal motivo, por supuesto que se presentó una oposición al Real Decreto y, entre otras cosas, Mato logró acordar con los presidentes de los Consejos Generales de Médicos y Enfermeros la modificación de la ley.
Básicamente, los aspectos negativos del hecho de pasar de funcionarios a estatutarios sin ningún tipo de garantía sobre el futuro, venía a vulnerar la seguridad jurídica de los afectados, al tiempo que se dejaba de respetar los derechos que los profesionales poseen en sus actuales puestos de trabajo en sanidad, el temor mayor era cómo esto podía repercutir en aspectos como la antigüedad y jubilación.
Los recortes en sanidad están dando mucho de que hablar y este es sólo uno de los aspectos a evaluar, pero hay numerosos más.
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